Industria de fondos alerta de las consecuencias en el mercado tras rechazo a proyecto en Plaza Egaña

Poco más de un mes ha pasado desde que se suspendió el proyecto inmobiliario en Plaza Egaña, Ñuñoa, de Fundamenta en alianza con Frontal Trust. Y mientras el panorama de la iniciativa aún es incierto, varias administradoras de fondos manifiestan su preocupación sobre la certeza jurídica en este negocio.

La gerenta general de la Asociación Chilena Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi), Pilar Concha, afirma que ‘los últimos acontecimientos han hecho pensar que podríamos estar frente al quiebre de las certezas, lo que implicaría desincentivar la inversión nacional y extranjera’.

‘Es clave que las autoridades actúen coordinadamente para respetar los acuerdos establecidos’, advierte.

Coincide el gerente inmobiliario de Toesca Asset Management, Augusto Rodríguez, quien sostiene que ‘nos preocupa contar con certeza jurídica para que exista flujo de capital y de deuda. Sin certeza no habrá financiamiento ni proyectos, bajará la oferta y subirán los precios para el comprador final’.

‘Si un proyecto cuenta con todos sus permisos obtenidos de buena fe, y estos son invalidados posteriormente -con la obra ya iniciada o incluso finalizada- pareciera que se ha quebrantado el principio esencial de certeza jurídica’, añade.

Desde Credicorp Capital, el director de inversiones inmobiliarias, Francisco Ghisolfo, califica como ‘muy complejo’ el momento para la industria, ya que, al alza de costos de construcción se suma una baja en velocidad de ventas.

‘Se deben simplificar y agilizar los tiempos para saber a firme, sin que nadie pueda revertir a futuro, si lo que se proyectó se podrá o no construir y vender a futuro’, explica.

Protocolos

El gerente de inversiones y desarrollo de Cimenta AGF, Eduardo Palacios, indica que, antes de concretar un proyecto inmobiliario, se revisa la verificación de las condiciones urbanísticas de los terrenos y que la municipalidad apruebe el anteproyecto de construcción. Una vez adquiridos los terrenos, se obtiene el permiso.

‘Si se cumplen estrictamente estos protocolos, no debería existir el riesgo de paralización del proyecto por parte de la autoridad, cosa que hoy, a luz de los antecedentes públicamente conocidos, no está tan claro, ya que se están aplicando normas con criterio de retroactividad, las que siempre fueron ajenas a nuestra legalidad’, añade.

Ghisolfo recuerda que en el pasado los títulos se estudiaban con abogados y el equipo de arquitectura obtenía un anteproyecto aprobado. En cambio hoy se deben solicitar due diligence normativos y legales adicionales para mayor seguridad de la inversión.

Desde el mercado advierten que otra preocupación es la burocracia, ya que la tramitación de cualquier permiso demora entre seis meses hasta dos años en otorgarse.

‘La velocidad y magnitud con la que se pueda crecer estará determinada en forma importante por la existencia de un marco regulatorio claro, y de un Estado moderno y ágil que promueva la inversión’, comenta Palacios.

Fuente: Diario Financiero, martes 10 de mayo de 2022